Dos contratos de la Ciudad Autónoma de Ceuta por un total de 5.750.873,08 euros han reabierto el debate sobre quién recibe el dinero público destinado a habilitar espacios para menores extranjeros no acompañados. Las adjudicaciones, formalizadas el 27 de agosto sin licitación abierta, fueron para Absercon y Ferretería Doncel, empresas dirigidas por familiares de dos cargos del entorno de Juan Jesús Vivas. El Gobierno ceutí admite que no hubo publicidad ni concurrencia previa, pero sostiene que actuó bajo el procedimiento legal de emergencia y niega que el parentesco influyera en la elección.
La investigación original fue publicada por elDiario.es, a partir de datos del perfil de contratación pública y de la respuesta que solicitó a la administración. La Bandera amplió después los vínculos de las empresas y la controversia política. Clave Global distingue aquí las adjudicaciones, las relaciones familiares documentadas por esos medios y las acusaciones políticas que aún no constituyen una conclusión administrativa o judicial.
Qué se ha adjudicado: 3,27 millones en obras y 2,48 millones en suministros
El contrato más cuantioso, 3.267.698,08 euros, corresponde a obras de adecuación y habitabilidad de espacios de acogida para menores después de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La empresa adjudicataria es A&B Servicios y Construcciones de Ceuta, conocida como Absercon.
El segundo contrato asciende a 2.483.175 euros y se refiere a mobiliario, electrodomésticos, complementos y productos de limpieza para esos espacios. Se adjudicó a Ferretería Doncel. La suma de ambos importes es 5.750.873,08 euros: casi seis millones, pero no seis millones exactos. Tampoco son dos contratos para «gestionar menores» en sentido amplio: uno financia obras y el otro equipamiento y suministros.
Los parentescos que sitúan a Vivas bajo presión
Según la investigación de elDiario.es, Bartolomé Sánchez-París Contreras, administrador de Absercon, es hermano de Javier Sánchez-París Contreras, asesor del Gabinete de Presidencia del Ejecutivo ceutí. El padre de ambos, Francisco Sánchez-París, ocupó años atrás la jefatura de gabinete de Vivas.
El mismo medio señala que Manuel Jesús Doncel de Luna, responsable de Ferretería Doncel, es primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, que anteriormente desempeñó responsabilidades en el Ejecutivo y en el gabinete de Vivas. Los cargos de la administración no son las empresas adjudicatarias: los vínculos señalados son familiares con quienes las dirigen.
Estos parentescos son relevantes para exigir una explicación transparente sobre el procedimiento y los criterios empleados. Por sí solos no prueban una adjudicación irregular, un conflicto de intereses legalmente declarado ni una intervención personal de Vivas en la selección. Para afirmar eso harían falta documentación adicional o una resolución competente que hoy no consta en las fuentes consultadas.
La respuesta del Gobierno de Ceuta: emergencia tras el 30 de julio
La Ciudad Autónoma confirmó a elDiario.es que los encargos se formalizaron sin publicidad previa y sin que otras empresas pudieran concurrir. Su explicación es que la entrada masiva de finales de julio exigía acondicionar instalaciones y disponer de equipamiento de manera inmediata para atender a los menores. El Ejecutivo niega que las relaciones familiares determinaran la selección de Absercon y Doncel, y sostiene que los expedientes están respaldados por informes técnicos y jurídicos.
El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite un régimen excepcional cuando la Administración debe actuar inmediatamente ante una situación de grave peligro u otros supuestos previstos. Autoriza contratar lo necesario sin seguir los requisitos formales ordinarios, pero distingue esas prestaciones de otras que ya no tengan carácter de emergencia, que deben contratarse por la vía común. La ausencia de concurso no convierte por sí misma un contrato de emergencia en ilegal; la cuestión comprobable es si en cada caso se justificaron adecuadamente la necesidad, el alcance y la elección.
El escrutinio debería centrarse en documentos concretos: los informes que justifican la emergencia, los presupuestos desglosados, las prestaciones efectivamente entregadas y si se evaluaron otras opciones capaces de responder a tiempo. Esos datos permitirían discutir la idoneidad de los contratos sin sustituir la prueba por sospechas.
La crisis de Ceuta y el coste político de las adjudicaciones
La publicación de los contratos llega después de semanas de tensión por la entrada masiva desde Marruecos. Vivas ha reclamado explicaciones al Gobierno central sobre la respuesta de seguridad, como contamos en su entrevista en «El Hormiguero» sobre las alertas del CNI y la crisis de Ceuta. Ahora es su propio Ejecutivo el que tiene que explicar cómo gastó fondos para preparar la acogida.
El caso permite una crítica política legítima a la falta de concurrencia y a los vínculos de los adjudicatarios con personas próximas al presidente. También exige un límite informativo: por ahora hay dos adjudicaciones y una defensa oficial del procedimiento, no una prueba publicada de corrupción o trato de favor. La Ciudad puede despejar parte de las dudas haciendo accesibles los informes y el detalle económico de ambos encargos.
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