El decreto de vivienda coincide con la salida de 4.235 pisos del alquiler habitual en apenas diez días, según los primeros datos recopilados por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). De ellos, 1.224 se habrían trasladado a la compraventa. El recuento reabre el debate sobre el efecto de la regulación y sobre quién acabará comprando esas viviendas, aunque los datos publicados no identifican a los compradores ni acreditan que las operaciones se hayan cerrado.
La cifra, difundida este martes por Cadena SER y recogida también por La Razón, corresponde a los diez días posteriores al anuncio de los decretos. FAI contabiliza 2.067 viviendas retiradas directamente del alquiler residencial y otras 944 derivadas al alquiler de temporada o por habitaciones.
Más de 1.200 viviendas pasan a anunciarse para la venta
Las inmobiliarias consultadas añaden 1.523 contratos de alquiler que habrían quedado bloqueados. El 89% de las más de 600 agencias participantes afirmó haber detectado incidencias en la oferta desde que se conocieron las medidas. Se trata de un sondeo sectorial y de un recuento inicial comunicado por FAI, no de un registro administrativo de compraventas.
Por eso, la cifra de 1.224 pisos debe leerse con precisión: son viviendas que, según la federación, han pasado a la oferta de compraventa. La información publicada no indica cuántas se vendieron, ni identifica a las personas o empresas que podrían haberlas adquirido. Tampoco permite afirmar que la mayoría de esas viviendas haya terminado en manos de fondos buitre.
La falta de ese dato deja abierta una cuestión relevante en el debate político: si las restricciones del decreto pretenden frenar determinadas compras especulativas, ¿quién está comprando las viviendas que salen del alquiler y en qué condiciones? Por ahora, los datos difundidos por las agencias no ofrecen esa respuesta.
El decreto limita algunas compras, pero no las prohíbe todas
El texto en vigor restringe determinadas adquisiciones de vivienda por debajo del 70% de su valor de tasación y amplía las limitaciones a los grandes tenedores. La norma establece excepciones, entre ellas las compras destinadas a vivienda habitual asequible o social. La Agencia EFE explica que las restricciones se extienden hasta el 31 de diciembre de 2030 y alcanzan, bajo los supuestos legales previstos, a propietarios de más de diez viviendas o de cinco en zonas tensionadas.
Por tanto, hablar de una prohibición absoluta de compra por parte de fondos sería inexacto. La regulación se refiere a operaciones concretas y contempla excepciones. Para saber si los fondos han comprado la mayoría de los pisos que se anuncian ahora, harían falta datos registrales de las operaciones y la identificación de sus compradores.
La oferta de alquiler vuelve al centro de la polémica
El Gobierno presenta sus medidas como una forma de proteger a los inquilinos y limitar la especulación. Las agencias inmobiliarias, por su parte, alertan de retiradas de pisos, cambios de uso y contratos aplazados. El dato de FAI no demuestra por sí solo que los decretos causaran cada movimiento, pero sí retrata la reacción que el sector asegura haber detectado tras su anuncio.
El debate se suma a las críticas sobre la tramitación de los decretos, que Alvise llevó al Tribunal Supremo. La pregunta sobre los compradores de las viviendas anunciadas para la venta sigue sin respuesta pública: de momento, las cifras disponibles hablan de pisos retirados o puestos en el mercado, no de miles de compras ya realizadas por fondos buitre.
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