El Gobierno se salta su propia ley en Casa 47, su portal de alquiler «asequible»: sin etiqueta energética y más caro que el mercado

El Gobierno presentó esta semana Casa 47, su portal de alquiler «asequible», con una cartera inicial de entre 600 y 645 viviendas repartidas por Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Navarra y Asturias. Pocos días después, el Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro, denuncia que el propio Gobierno incumple en sus anuncios la normativa que exige a cualquier particular que pone un piso en alquiler.

Ni etiqueta energética ni información obligatoria

Según el Observatorio, los anuncios de Casa 47 no muestran la etiqueta de eficiencia energética que el Real Decreto 390/2021 obliga a incluir en cualquier anuncio de alquiler.

En su lugar, emplean la expresión genérica «calificación energética superior», independientemente de si la vivienda tiene una calificación real de la A a la F, lo que puede inducir a error sobre el gasto energético que asumirá el inquilino.

En las viviendas situadas en zonas de mercado tensionado tampoco se informa del índice de precio de referencia ni del historial de contratos anteriores, datos que la ley obliga a publicar.

Turís (Valencia): pisos más caros que el mercado

El caso más llamativo detectado por el Observatorio está en Turís (Valencia), donde Casa 47 anuncia 19 viviendas de tres habitaciones y tres baños por entre 721 y 956 euros al mes. Seis de esos pisos, con rentas de entre 927 y 956 euros, superan el 35% de la renta media del municipio, que el Ayuntamiento cifra en 31.713 euros brutos anuales (2.642,75 euros al mes).

En el mercado libre, viviendas comparables en la misma localidad se alquilan por entre 650 y 800 euros mensuales.

Tampoco se informa de los gastos de comunidad

Los anuncios de Casa 47 tampoco detallan los gastos de comunidad que, según las propias bases de la convocatoria, corren a cargo del inquilino, una información que la Ley de Arrendamientos Urbanos exige que sea transparente para el futuro arrendatario. El Gobierno no ha respondido públicamente a las conclusiones del Observatorio del Alquiler.