Andalucía empieza a traducir en decisiones concretas el compromiso político de que las ayudas públicas deben acreditar un beneficio directo para la población de la comunidad. La Junta ha comunicado a Cruz Roja, Fundación SAMU e Inserta que no prorrogará ni volverá a licitar el Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar, que financiaba pisos de acogida e itinerarios de empleo en las ocho provincias.
El plan expira el próximo 20 de diciembre y ofrecía 315 plazas: 132 gestionadas por SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta. La decisión llega cuatro meses después del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, que incluye la revisión de subvenciones y ayudas que no contribuyan “de forma directa y verificable” a mejorar la calidad de vida de los andaluces. Para los defensores de ese criterio, el mensaje es claro: cada euro público debe justificarse por sus resultados y por su utilidad para Andalucía.
Un programa de 6,4 millones que termina en diciembre
La noticia, adelantada por elDiario.es y ampliada por Qué!, afecta a un programa que comenzó en 2023 y contaba con un presupuesto total de 6,4 millones de euros, cofinanciado en un 85% con fondos europeos, además de aportaciones estatales y autonómicas. La Junta ha trasladado a las entidades que el plan se extingue después de evaluar sus resultados y ha negado que exista una orden directa vinculada al pacto con Vox.
El acuerdo de Gobierno, por su parte, recoge una reducción progresiva de subvenciones que no mejoren de forma directa y verificable la vida de los andaluces, así como el principio de prioridad nacional en el acceso a prestaciones dentro del marco legal. Ese compromiso ha sido presentado por sus promotores como una defensa de la responsabilidad presupuestaria y de la obligación de orientar los recursos públicos hacia las necesidades de Andalucía.
La decisión afecta a personas sin hogar, también españolas
El programa no estaba destinado exclusivamente a inmigrantes: atendía a personas sin hogar mediante alojamiento temporal y acompañamiento para la formación y el empleo. Según los datos de las organizaciones citados por elDiario.es, había alrededor de 200 personas en los pisos cuando recibieron el aviso de que no habría prórroga. La proporción de usuarios inmigrantes variaba según la entidad: el 80% en Inserta, más del 60% en SAMU y el 45% en Cruz Roja.
Las entidades están buscando alternativas para los usuarios antes de la fecha de finalización. SAMU ha explicado que trabaja en reubicaciones, derivaciones a otros recursos y posibles contratos laborales para algunos participantes. La Junta no ha anunciado todavía si abrirá una nueva convocatoria con otro diseño o financiación.
El debate sobre qué debe financiar la Junta
La decisión abre una discusión legítima sobre la prioridad del gasto social. Quienes respaldan el giro sostienen que la administración debe revisar los programas, exigir resultados y asegurar que las ayudas respondan de forma comprobable a las necesidades de los andaluces. Quienes lo cuestionan alertan del impacto inmediato sobre las plazas de alojamiento y reclaman una alternativa para las personas que continúan en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno andaluz vincula el cierre del programa a su evaluación y a la disponibilidad presupuestaria, mientras que las organizaciones consultadas señalan que se les trasladó la falta de fondos y la prioridad de otras partidas. Por ahora, lo confirmado es que el programa actual acaba el 20 de diciembre y que no habrá prórroga ni nueva licitación en sus términos actuales.
La Junta niega que la decisión responda a una orden directa del pacto PP-Vox. El acuerdo incluye, no obstante, el objetivo de revisar las ayudas públicas y aplicar criterios de beneficio directo y verificable para los andaluces.
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