La jueza del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente por presunta prevaricación en relación con la llamada «ley de nietos». La decisión abre diligencias previas pese a que la Fiscalía había solicitado que la denuncia no prosperase al considerar que existía un procedimiento anterior sobre hechos similares.
La resolución, firmada por la magistrada Inmaculada Lova, señala que los hechos denunciados podrían presentar indicios de un posible delito y ordena practicar diligencias para esclarecer lo ocurrido. La admisión de una querella no supone que el delito esté probado ni equivale a una condena: la investigación deberá determinar si hubo responsabilidades penales.
Qué cuestiona la querella de Hazte Oír
La asociación atribuye a Puente una presunta prevaricación por la instrucción que firmó el 25 de octubre de 2022, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Ese texto desarrolló la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos», que permite a determinados descendientes de españoles solicitar la nacionalidad.
En concreto, la querella cuestiona que la instrucción contemplase presumir la condición de exiliados de españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Hazte Oír sostiene que ese criterio habría ampliado los supuestos previstos y permitido tramitar solicitudes sin acreditar individualmente el exilio en los casos en que, según su interpretación, la ley lo exigiría.
Esos argumentos forman parte de la acusación de la asociación y tendrán que ser examinados durante el procedimiento. La querella no acredita por sí misma que la instrucción fuera ilegal ni que Puente cometiera un delito.
La Fiscalía pidió que no se investigara
Antes de resolver, la jueza dio traslado a la Fiscalía, que se opuso a la admisión al entender que una denuncia anterior sobre hechos similares ya había sido archivada. La magistrada ha optado ahora por abrir diligencias previas y recabar información para aclarar el alcance de la instrucción y las circunstancias de su elaboración.
La existencia de un antecedente judicial será uno de los elementos relevantes del caso. En enero de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de una querella anterior y concluyó que no se apreciaba una «injusticia clara y manifiesta», requisito necesario para la prevaricación, aunque la interpretación administrativa pudiera considerarse amplia o desacertada.
Puente no está formalmente investigada por ahora
La apertura de diligencias no significa que Sofía Puente haya sido citada como investigada. La jueza indica que todavía deben determinarse la naturaleza de los hechos y las personas que pudieron intervenir. Puente ocupa actualmente la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y es hermana del ministro Óscar Puente.
El caso se produce en plena controversia política y judicial sobre los efectos de la «ley de nietos», incluida la discusión sobre el acceso a la nacionalidad y el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero. La instrucción de 2022 y su aplicación están siendo cuestionadas en distintos procedimientos, con decisiones judiciales y argumentos de las partes que deberán analizarse por separado.
Imagen ilustrativa. Información elaborada a partir de las publicaciones de El Confidencial, EL PAÍS y Cadena SER.
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