SALF solicita los expedientes completos y una comparación entre los textos rechazados por el Congreso y los aprobados días después por el Consejo de Ministros. El partido sostiene que hay que aclarar si se reutilizaron medidas tras perder la votación.
El eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF), han presentado una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que investigue la tramitación de los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. La iniciativa busca determinar si pudo producirse un «fraude de ley» o un «fraude constitucional» después de que el Congreso rechazara los textos anteriores.
El movimiento de SALF pone el foco en la secuencia de los últimos días: el Congreso tumbó los decretos el 2 de octubre y, cuatro días después, el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos textos. Tras esa decisión, Pedro Sánchez afirmó que los decretos mantenían «la esencia» de los anteriores, aunque con modificaciones.
SALF pide reconstruir cómo se prepararon los decretos
La denuncia solicita que el Supremo reclame los expedientes electrónicos íntegros, las distintas versiones de los textos, sus firmas y metadatos, además de los informes y antecedentes utilizados durante su elaboración. También pide una comparación artículo por artículo entre los decretos rechazados y los aprobados posteriormente.
La formación de Alvise pide información sobre la intervención de los ministerios de Vivienda y Hacienda, la Abogacía del Estado y otros órganos que hubieran participado en la preparación de las normas. SALF quiere identificar qué medidas se mantuvieron, cuáles se modificaron y qué justificación se incorporó tras el rechazo parlamentario.
El escrito solicita asimismo conservar los documentos y sus metadatos para reconstruir la cronología de los trabajos entre el 2 y el 6 de octubre. Para SALF, esa documentación permitiría comprobar qué partes de los decretos fueron reelaboradas y cuáles se reutilizaron.
La formación subraya que el «fraude de ley» o el llamado «fraude constitucional» no son delitos autónomos. Por eso, no presenta la mera aprobación de un real decreto como una prevaricación: pide investigar si hubo actuaciones administrativas concretas que pudieran encajar en algún ilícito penal.
Una batalla sobre el contenido y el procedimiento
La iniciativa abre un nuevo frente en la polémica por los decretos de vivienda. El Gobierno defiende que los nuevos textos incorporan cambios; SALF pide que esa afirmación se contraste con los documentos originales y con el expediente completo.
La petición de la formación de Alvise todavía no equivale a una decisión judicial sobre la existencia de irregularidades. El objetivo inmediato es que se recabe la documentación y se examine cómo se elaboraron las normas después de que el Parlamento rechazara los decretos anteriores.
En una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria, la pregunta que plantea SALF es directa: cuánto cambió realmente el Gobierno después del rechazo del Congreso y cómo justificó esos cambios.
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